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viernes, 15 de octubre de 2021

La Podemos S.C.



 
"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad"

    ¿No dice esto el artículo 25 de la Constitución Española? No entendemos pues las críticas de la caverna heteropatriarcal, taurina y generadora de gases de efecto invernadero a la sapientísima decisión del gran cucurucho ministerial ("es un piropo muy bonito", Irene Montero dixit) de acoger en su Corte de los Milagros a los represaliados por defender la democracia.

   Como ya apuntaba el eximio profesor Melquiades Lechuga en su opúsculo, pero al tiempo denso, Concomitancias epistemiológicas de las ciencias jurídicosociales, criminológicas y penitenciaras en las consecuencias jurídicas del delito. Especial atención a la coz en las gónadas,  y puestos a reinsertar, seamos generosos y reincorporemos a la sociedad al penado a lo bestia. Nada de fregar platos en un grasiento restaurante de hot dogs o embolsar la compra de los clientes en un supermercado de barrio, se le asigna a la criatura escabechada por el complejo jurídico represor un puestecito de preboste en la administración y éxito reeducacional asegurado.

     Así lo ha entendido, siempre atenta a las más novedosas corrientes sociológicas, la Excma. Sra. Ministra de la Homogeneidad, Empate y Equidad, incorporando a su equipo de coleguis a Isa Serra, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, quienes exhiben  con orgullo en sus blasones  la condena del TS de inhabilitación, la primera, y la imputación por malversación y prevaricación los segundos.

    Explican en el Ministerio que el Sr. Sánchez Mato se hará cargo del seguimiento de medidas relativas a los derechos laborales y del cuidado con enfoque de género, como el aumento de los permisos o la prestación universal por cuidado de hijos. "Ufff... por un momento creí que tendría que  cuidar de los nenes de la Irene",  ha comentado con alivio el economista.

    Respecto a la Sra. Serra, su labor consistirá en potenciar dentro del organigrama del Ministerio las «alianzas internacionales feministas» con la meta de «situar a España en la punta de lanza de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI». Además, se encargará de mantener el contacto directo entre el Ministerio de Igualdad, la sociedad civil y el movimiento feminista.   "¡Otra vez todo el puto día de bares! Al menos me darán un despacho con teléfono ¿no? Y un lápiz. Y un sacapuntas", apostilló la interesada tras conocer la noticia.

    Por último, Celia Mayer asume la jefatura de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad  por su «amplia experiencia» en gestión de las políticas municipales. "¡Jódeeeeete Carmena!", ha glosado Dña. Meyer recordando, sin duda, su fructífera etapa anterior en la alcaldía madrileña.

   Puestos en contacto con Conchi Pons, nuestra asesora en asuntos podémicos y concejal de La Podemos S.C. en el ayuntamiento de Muladar de la Sierra,  parafraseó "¿de verdad? en cuanto me cruce con el facha del alcalde, y no haya potenciales testigos, lo escalabro. Con un poco de suerte me condenan y el partido me saca de este pueblo de mierda".





jueves, 21 de marzo de 2019

Jura de Cuentas... el Tribunal Constitucional al aparato.


     
     ¡Que me dices! ¿Que el TC ha declarado inconstitucional parte de la regulación de la jura de cuentas de abogados y procuradores en la LEC?

     ¿Y que es concretamente lo que se cepilla tan alta y ponderada institución?

      Entiendo...

     El  párrafo tercero del art. 34.2 (El decreto a que se refiere el párrafo anterior no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior)

     El inciso "y tercero" del párrafo segundo del art. 35.2 (Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo anterior)

    El párrafo cuarto del art. 35.2 (Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior).

     En resumen, que  el decreto que dicta el LAJ resolviendo la oposición no puede escamotearse del control del juez ¿no?

     ¿Y que ocurre hasta que el etéreo Legislador pie al respecto? ¡Ah! la propia sentencia prevé que recurso de revisión al canto.

     Pues gracias  majo, y quedo a la recíproca.


sábado, 2 de marzo de 2019

"El estertor infame de la peor Ministra de Justicia de la Democracia"

   

    Aclaremos rápidamente,  para sosiego de los  miembros de esta redacción y sus familias, que el titular no es nuestro.

     La autoría de la  epístola, así encabezada,  corresponde a  UPSJ  (Unión Progresista Letrados Administración Justicia) y ya pueden suponer nuestros lectores tras tal enunciado que a la Sra. Delgado le sacuden como a una estera vieja para quitar los pelos del gato.

     Veamos alguna perlas: "...ha querido contentar únicamente a sus compañeros de profesión, a la que entendemos habrá de volver, dado su nefasto papel...", "Nunca se ha visto tanta desverguenza, tanto proselitismo, ni tanto descaro en el ejercicio de la gestión pública.", "La Sra. Delgado (Fiscal), además de una incompetente, ha resultado ser también de poco fiar. Si bien no ha dejado de dar muestras de su falta de capacidad e idoneidad para ocupar tan alta magistratura del Estado...", "...denunciando ante la opinión pública las componendas de la Sra. Delgado para beneficiar a costa del erario público a su carrera profesional..." "...no convaliden el Real Decreto con el que la Sra. Delgado quiere consumar la felonía..."

     ¡Recórcholis!... señores de la UPSJ,  no sabemos si lo que se dice en la prensa del carácter de la Sra. Delgado son exageraciones o si sus desaforadas y arrogantes intervenciones en el Congreso de los Diputados responden únicamente a la dialéctica parlamentaria,  pero no se sorprendan Vds.  en exceso si se encuentran una cabeza de caballo en el cajón del escritorio y aconsejamos  encarecidamente que procuren no transitar en los próximos días por callejones oscuros y solitarios.

     Dicho esto, tenemos que aplaudir que no den la monserga con el habitual tono sindicalero. Nada de "salvaguardar el servicio público", "está en peligro la tutela judicial efectiva", etc. y luego camuflar vergonzosamente al final, en letra bien pequeña, la cuestión crematística. Aquí se va directamente al grano, o al reparto de los garbanzos mejor dicho. Siete millones en concreto que, aunque no son suficientes para resolver la crisis alimentaria en el África Subsahariana, sin duda da para unos cuantos cocidos.

     La pena es que al final la cosa de desinfla y tras anunciar "medidas contundentes" lo único que se les ocurre es una concentración ante las sedes judiciales el día 1 de marzo, de 11:00 a 11:30 (suponemos que exhibiendo cartelitos con soflamas más o menos ocurrentes),  medida esta ya utilizada hasta la saciedad y que aburre soberanamente al personal.

    Lo bueno es que el Gobierno Bonito está finiquitado pero ¡ojo!, que tal y como están las cosas, lo mismo Pedro Mira-que-ombligo-tengo vuelve a gobernar y regresa Dña. Dolores a la canongía ministerial como Jhon Rambo del Vietnam... deslizándose lentamente el machete, con el lado del serrucho, por la garganta en inequívoca advertencia a navegantes y viendo vietcongs  por todas partes.

*****************


jueves, 3 de mayo de 2012

Achaques



  "Las congelaciones o reducciones salariales de los empleados públicos y altos cargos; la introducción de medidas de flexibilización horaria, (acompañadas de una reducción proporcional de retribuciones); amortización de puestos de trabajo y no convocatoria de nuevas plazas, al establecer una tasa de reposición entre el cero y el 10%, además de las ocupadas por personal temporal o interino, o por reducción del número de entidades y empresas públicas del sector público autonómico; reducción del número de altos cargos y personal eventual por una disminución del número de Consejerías y centros directivos; reducción de días adicionales de vacaciones o por antigüedad; aumento de las horas de trabajo hasta la máxima permitida; medidas de control del empleo público; eliminación del número de liberados sindicales; control del absentismo laboral; reducción de ayudas sociales y aportaciones a planes de pensiones para los empleados públicos; la prohibición de cláusulas indemnizatorias; y la reducción de las prestaciones complementarias por incapacidad temporal".

     Este bonito catálogo de medidas se encuentran incluidas en el Programa de Estabilidad 2012-2015  que el Gobierno ha remitido a la CE para que la Bruja Teutónica y los Apocalípticos Mercados adviertan que en la Administración Pública Española y Satélites Orbitales, amén de pasarnos la semana de puente, tomando cafelitos o leyendo el periódico compulsivamente, también sabemos darnos con un canto en los dientes. 

     ¡Cáspita!, más o menos Radio Toga ya nos había puesto en antecedentes de las medidas ordeñadoras que se proponen, pero lo que ha sido una sorpresa es la jibarización de retribuciones a los funcionarios pochos.

    Por otro lado, en la prensa se ha publicado que esta medida se concretaría en que sí un funcionario tiene la estúpida ocurrencia de romperse un peroné, pillar el tifus galopante o excretar cálculos del tamaño de un melocotón, dejará de cobrar el salario íntegro durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal. 

      Como entre los miembros de esta redacción el que no está hecho una pera limonera es de esos probos profesionales que en 20 años de servicios sólo ha faltada en dos ocasiones por enfermedad (la primera cuando estallo el termómetro al tomarse la temperatura y en otro caso que pidio permiso al Secretario para faltar una mañana, porqué acababa de expectorar el pulmón izquierdo en un golpe de tos), resulta que no estamos muy instruidos en la reglamentación achacosa y se nos escapa su repercusión. Pasemos a analizarlo con más detenimiento.

    En principio parece que sería de aplicación exclusivamente a los integrantes de la MUFACE ¿y que dice el reglamento de esta mutualidad?

En las situaciones de Incapacidad Temporal los funcionarios/as tienen los siguientes derechos económicos: Durante los tres primeros meses, a la totalidad de sus retribuciones.
Desde el cuarto mes percibirán: Las retribuciones básicas y, en su caso, la prestación por hijo a cargo, por su Unidad pagadora.Un Subsidio por Incapacidad Temporal a cargo de MUFACE
        Osea, si es cierto lo que se ha publicado, ¿se supone que durante los tres primeros meses se cobrará solo las retribuciones básicas y MUFACE no pagará subsidio? ¿Pagará el subsidio la mutualidad durante los primeros tres meses y luego dejará de pagarlo? ¿lo pagará sólo a partir del cuarto mes? ¿pagará el subsidio MUFACE durante toda la incapacidad? ¿dejará de existir esta prestación de MUFACE y únicamente pagará los gastos del sepelio?

      ¿Y que dice la normativa de MUGEJU al respecto?

 El derecho al Subsidio por Incapacidad Temporal a cargo de Mugeju nace al concederse la prórroga de licencia por enfermedad  correspondiente al séptimo mes (durante los seis primeros, los  funcionarios de la Administración de Justicia tienen derecho a la totalidad de las retribuciones).
(Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 374 y 375) y en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (artículos 19 y 20), aprobado por real Decreto Legislativo 3/2000, artículos 82 al 93 del Reglamento del Mutualismo Judicial)

     ¡Por mis trienios! ¡resulta que estamos en ventaja sobre los chupatintas del estado y cobramos la totalidad de las retribuciones durante seis meses si nos explota la próstata!  Pero las preguntas son las mismas que respecto a la prestación de MUFACE, caso de incluirnos en el paquete.




El Hipocondríaco Gestor.

  

miércoles, 1 de febrero de 2012

El desprecio político al funcionariado.

 El desprecio político al funcionariado. Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública.
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
Publicado en lne.es. La Nueva España  



     Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

     Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.



     Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

     Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta



martes, 25 de octubre de 2011

De subastas, hipotecas o el arte del pegote.

    


 En nuestra seráfica inocencia y ocupados en alimentar la caldera de la nao justiciera o limpiar la sentina, se espera que los lores del almirantazgo legislativo, cuando toca remendar las jarcias procesales o calafatear el casco normativo, se tomen su tiempo y no se comporten como filibusteros abordando galeones a cañonazos.

   ¿En cuantas ocasiones han oído Vds. decir al actual equipo ministerial y comparsas eso de  "no hay que legislar en caliente"? Unas cuantas, sin duda, sobre todo cuando el asunto les toca la fibra enrollada-super-guay  (campañas, por ejemplo, contra la benignidad de la Ley del Menor en delitos muy graves, provocan que se les tensen los esfínteres como la membrana de un tambor). Y puede que tengan razón, pero claro, cuando el "clamor popular" sopla desde barlovento en vez de sotavento les falta tiempo para cocinar una menestra legislativa que calme las "legitimas aspiraciones de la ciudadanía".

     Recordarán nuestros doctos lectores que el pasado mes de julio el IGM (El Increíble Gobierno Menguante) remitió a la imprenta del BOE un decretazo bajo el nombre estelar de Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control de la mortadela y cancelación de pufos con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación covachuelera. ¿Y como se concretan esas ayudas a los hipotecados exprimidos? Pues, amén de ciertas ventajas en caso de sufrir embargo de sueldo,   sí en la subasta de la vivienda hipotecada no puja nadie la entidad bancaria depredadora se la puede adjudicar por el 60 por ciento del valor de tasación y no por el 50 como venía siendo hasta ahora. Vamos, se modificaban los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (donde ponía 50, ahora pone 60).

    Chachi piruli ¿no? ¡Pues no! Porque los articulitos de marras son de aplicación a todo tipo de subastas de inmuebles,  ya se trate del chalezuco embargado a un mafioso en un asunto penal, la ejecución  hipotecaria de uno de los veinte pisos que compró un especulador en la cresta de la ola inmobiliaria o de una nave industrial dedicada a la cría y engorde de ganado porcino y, por tanto,  les beneficia igualmente  el nuevo porcentaje del 60 por ciento.

   Puede que haya razones técnicas o legales que lo impidan pero una duda teológica nos asalta: Sí la idea era  beneficiar a las criaturas que no pueden hacer frente a la hipoteca de su vivienda habitual ¿no podrían haber dejado los vapuleados artículos con la misma redacción y simplemente añadirles un párrafo del tipo "En el caso de subastas de bienes inmuebles hipotecados que constituyan la vivienda habitual...",? o mejor aún, incluirlo en el Capítulo V, del Título IV, Libro II, "de las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados", arts. 681 y ss.

   ¿Y como se arregla el desaguisado? Pues reflexionando con las nalgas y desechando el cerebelo para tal menester, naturalmente. Aprovechando la Ley de 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal, se añade una ¡disposición adicional! a la LEC que establece que, en el supuesto de no tratarse de subasta de vivienda habitual, el porcentaje por el que se puede adjudicar el inmueble el ejecutante, caso de no haber postores, es el 50 por ciento. ¡Cáspita!, como estaba antes.

     La cosa queda así:  El articulado de la Ley recoge la subasta para un caso particular (inmueble que constituye la vivienda habitual, aunque, curiosamente, ha desaparecido cualquier mención a "hipoteca", que se supone que era lo que motivaba la reforma); y esta particularidad hay que adivinarla por ciencia infusa, ya que no se especifica en ninguna parte. Bueno, sí... si tienes una edición actualizada de la Ley con una nota bien gorda al pie del artículo que diga "¡Ojo!, para no cagarla, ver disposición adicional sexta".


     Y para acabar, es de suponer que para poder celebrar la subasta deberá estar acreditado sí el inmueble constituye la vivienda habitual del deudor, concepto este que puede resultar algo gaseoso. Nos dirán Vds. que si lo que se subasta es, siguiendo con el ejemplo que expusimos anteriormente, una nave dedicada al negocio porcino no hay duda, pero ¿y si el señor es un enamorado de los gorrinos y le gusta vivir allí?; ¿y cuantos meses al año? ¿Y quien tiene que acreditarlo? Al banco ordeñador no le interesa; ¿El moroso?... ¡pero si no suele aparecer por el Juzgado a dar los buenos días! ¿El Juzgado de oficio?  ¿y como se acredita? ¿el padrón municipal? ¿los consumos de agua y luz? ¿el testimonio de una vecina cotilla?... ¡pues vaya agilización procesal!




 Una colaboración de El Pobrecito Tramitador.


Presentación por  el Sr. Ministro de la nueva Ley
de Agilización Procesal

viernes, 14 de octubre de 2011

Stop Desahucios... ¡Jah!



No sabemos si los miembros de Stop Desahucios son aficionados a leer el Boletín Oficial del Estado, pero si les ha dado por echarle un vistazo al ejemplar publicado el pasado día once a más de uno se le habrán caído los zaragüelles o las rastas a los pies.


¿Que no les gusta el desahucio express?... ¡pues toma desahucio súbito!

Estamos hablando de las modificaciones que introduce la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal en los artículos que regulan el procedimiento de desahucio por falta de pago del arrendamiento y que, para no variar en la égida Caamaño, supone una nueva chapuza.

Debemos confesar que hemos necesitado la ingesta de  un par de tazas de tila para poder desmenuzar el farragoso y ciclópeo artículo 440 de la LEC en su nueva redacción. Básicamente, y dejando al lado enervaciones, erecciones y otras hierbas, se supone que inicialmente, además de citar al inquilino moroso para una vista, señalar la fecha de lanzamiento y citarle para que comparezca seis días después de celebrada aquella para notificarle la sentencia, se añade la de requerirle para que que en el plazo de diez días se marche con viento fresco, suelte la mortadela que adeuda o se oponga, amén de otro montón de apercibimientos.

¿Que no se opone o no cumple el requerimiento?... decretazo del secretario terminando el juicio y su inmediato lanzamiento (¿en la fecha que se señaló al principio o en otra? ¿se considera resuelto el contrato?), así como traslado al demandante para que inste la ejecución.

O sea, que si no se opone, no hay vista ni gaitas, en diez días se ha terminado todo y sin necesidad de notificaciones posteriores.

También se establece que si el fulano se larga, el secretario lo hará constar... ¿y como coño se va a enterar el secretario de que se ha marchado? La gente que abandona una vivienda en estas circunstancia no suele mandar una tarjeta postal al Juzgado despidiéndose, así que ya me dirán Vds.

En fin, esta es nuestra interpretación como miembros de la  infanteria procesal, que quizás lo hayamos entendido todo del revés. Y sí nosotros tenemos dudas, imagínense lo que se va a enterar el pobre inquilino cuando reciba este galimatías... como sí está en chino (salvo que se trate de un chino, claro)

En próximos días seguiremos analizando otras modificaciones agilizadoras para instrucción y deleite del personal.


miércoles, 12 de octubre de 2011

¡Volveré!




No se si sabrán Vds. (y si no lo saben, nosotros se lo contamos) que hasta hace poco los jueces y fiscales que pescaban una canongía y colgaban provisionalmente la toga, pasaban a la situación de “excedencia  voluntaria”, lo que supone que no tenían garantizada la vuelta a su antiguo puesto ni  contaba el tiempo de mamancia a efectos de antigüedad, ascensos y demás.

Pues bien, el pasado día 23 de Septiembre se publica en el BOE la modificación de la LOPJ por la que se establece que la situación de fiscales y jueces cuando sean nombrados para cargo político o de confianza en virtud de Real Decreto o Decreto autonómico, o elegidos para cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, será la de “servicios especiales”. O sea, que el tiempo que pasen en los verdes pastizales del politiqueo estatal o aferrados al alpiste autonómico les computará a efectos de antigüedad y garantiza regresar al puesto que ocupaban antes del pelotazo.

Y para que no se diga, la norma se establece con carácter retroactivo ¿Y adivinan quien ha sido uno de los primeros que se ha apuntado al carro sin dar tiempo a que se seque la tinta de la Ley? El BOE del pasado día 8 nos sacará de dudas:

Vista la solicitud formulada por don Mariano Fernández Bermejo relativa a la  modificación de su situación administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el  apartado 6 de la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,  del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, que tuvo entrada en vigor el 24 de septiembre de 2011, Este Ministerio ha resuelto declarar en situación de servicios especiales en la Carrera  Fiscal con efectos del día 12 de febrero de 2007 a don Mariano Fernández Bermejo,  Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que por Orden JUS/552/2007, de 7 de marzo, fue  declarado en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal por la causa prevista  en la letra f) del artículo 356 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, situación en la que se  encontraba en la fecha de aprobación de la Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre. 

Efectivamente, nuestro héroe no figura en las listas del PSOE postzapateril  para las próximas elecciones y volverá a la Fiscalía del Supremo pero, con tan oportuna reforma,  sus años de energúmeno ministerial, a los que hay que sumar el tiempo que ha ejercido de marmolillo peatonal en el Congreso, encima tienen premio. Nuestro más sentido pésame a los funcionarios de la Fiscalía del Supremo en particular y a la Administración de Justicia en general.

viernes, 22 de octubre de 2010

ZP se levanta de la siesta, se cepilla el gobierno y lo sustituye por un comité electoral.

  
 Mucho análisis político, mucho revisar la  trayectoria de los nuevos paracaidistas, mucho bla, bla, bla, cuando la cosa es muy simple.  Además,  lo ha explicado la mismísima Criatura Antes Conocida Como ZP (CACCZP);  aquí de lo que se trata es de vender crecepelo, ergo,  ha elegido a los mejores charlatanes del orbe capilar. Lo de la buena gestión no deja de ser una cuestión discutida y discutible.

   De todas formas,  el show de la crisis ministerial ha provocado unos efectos colaterales que nos parece interesante analizar. Pasen y vean.

   En primer lugar, ha propiciado que los informativos televisivos tengan menos tiempo para dedicarlo al deporte y, ¡loado sea El Altísimo!, por un día no ha aparecido el Mourinho ese dando una rueda de prensa u  otra celebrity del balonazo interestelar intentando hilvanar un par de frases con cierta coherencia. Ya se ha formado una asociación para recoger firmas y proponer un proyecto de ley que obligue a formalizar una crisis de gobierno todas las semanas o, por lo menos, cada quince días.

   En segundo lugar nos ha permitido poner al día nuestros apolillados conocimientos sobre la estructura orgánica de la Administración Central. ¿Alguien tenía conocimiento que hace años dejó de existir el Ministerio de Administraciones Públicas? ¡Jo, sí por aquí seguíamos pensando que el ministro de la cosa funcionarial era Jordi Sevilla! (Sí, aquel señor que le dijo a CACCZP que siendo aplicado un par de tardes, podría optar al Nobel   de Economía). ¡Pues resulta que no! El mamotreto ese parace ser que hace años que pasó a denominarse de Política Territorial,  pero perdiendo  las competencias sobre la función pública. Y entonces, las competencias sobre los chupatintas  ¿qué Departamento las tenía asumidas? Pues el Ministerio de la Presidencia. ¿Y ahora? Pues vuelta otra vez al de Política Territorial. ¡Vaya lío deben de  tener los funcionarios con los membretes y los sellos!

   En resumen, nuestro nuevo superjefe es D. Manolo Chaves (Testa de Buque Meridionalis), que se aburría como una holoturia en su cargo y CACCZP ha dedicido darle algo para que se entretenga. Bueno, a lo mejor nos hace inmensamente felices;  no olvidemos que si de otro insigne Manolo (el del Meyba ballenato) se decía que “le cabe el Estado en la cabeza”,  a éste le entrará la ONU enterita… ¡qué digo la ONU!, ¡El Imperio Galáctico!, y aún queda sitio para poner un spa.

   El que parece que ha pillado al instante el espíritu piruleta de CACCZP es D. Valeriano, el  nuevo ministro del laboreo. Lo primero que ha dicho es que “vamos a crear empleo neto a espuertas” y  “aunque acudió a la manifestación de la huelga general, él se muestra a favor de la reforma laboral”. Y, creannos, lo ha dicho sin que le diese la risa tonta o se le moviera un músculo de la cara. Veremos lo que tarda en metamorfosearse en una  acelga mustia, como Celestino.

   ¡Se acabó la paridad! Hay más ministros que ministras y esto tiene sus ventajas. Por ejemplo, antes hemos disertado sobre una parte de la anatomía de un miembro machote del gobierno (vamos, que le hemos llamado cabezón)  y… ¡no pasa nada!  Imagínense por el contrario que osáramos aludir al volumen de espacio que ocupan determinadas zonas turgentes de una ministra o el efecto de la gravitación universal sobre sus planicies y  protuberancias... ya tendríamos  aquí a los guardias con las porras y tu mujer no te hablaría en un mes… ¡un momento!... ¿un mes entero sin hab…? Oigan, ¿Se han fijado en las tetas y en el culo que tiene la…

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